Espacios Públicos
Para comprender las polÃticas de gestión del Gobierno de Córdoba orientadas a la creación y administración de los espacios públicos es necesario, primeramente, preguntarnos qué lugar ocupa el espacio como estructura de nuestra sociedad, y por qué su forma de producción y de reproducción ayuda a los Gobiernos y a los grupos de poder a materializar y sostener las relaciones desiguales y represivas que se dan en nuestra ciudad. El espacio público posee una potencial capacidad para generarse como un lugar de encuentro con el otro, de ejercicio de la ciudadanÃa y de promoción de la integración social. La disputa por la forma en la que son concebidos los espacios públicos debe partir de comprender que no son plazas o parques o meros lugares de recreación, sino en un sentido más amplio y total el espacio público significa el derecho a la circulación, a la expresión, y a la reproducción libre de aquellos que los habitamos, y por lo tanto libres de su uso y administración.
El espacio público pone en juego el ejercicio de la ciudadanÃa en su sentido más amplio, y su libre acceso es un requisito del derecho a la ciudad. Asà es importante comprender que la producción del espacio público no es llevaba a cabo sólo por las polÃticas del estado, sino además por amplios sujetos, como los grupos inmobiliarios, las fuerzas policiales, los grupos económicos, y los vecinos entre tantos. Todos estos sujetos intervienen en lo que el espacio público resulta, presentándose como espacios de disputa y conflicto.
Dicho esto podemos reconocer que la Ciudad de Córdoba ha vivido desde la década de los 90 una avanzada polÃtica de privatización y mercantilización de los espacios públicos, con un claro objetivo de restringir y controlar el acceso a los mismos, y a la vez resignificar mercantilmente espacios de alta significación polÃtica. Para poder esclarecer esto tomaremos algunos casos que trataran de dimensionar al espacio público en su complejidad.
